El presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Darío Gómez, cuestionó las reiteradas suspensiones del juicio contra diez efectivos de la Policía del Chaco acusados por los hechos de violencia ocurridos en 2020 contra integrantes de una familia Qom de Fontana.
El debate, que debía comenzar el 22 de septiembre, fue reprogramado para el 5 de octubre, mientras el organismo, que es querellante en la causa, continúa acompañando a las víctimas.
Gómez señaló, en 7AM, que el Comité Provincial, junto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Amnistía Internacional, había solicitado que la causa fuera elevada a juicio bajo la figura de torturas, pero finalmente la acusación se realizó por delitos como vejaciones agravadas y falsedad ideológica.
En ese marco, cuestionó las sucesivas postergaciones del debate y sostuvo que existe “una evidente falta de perspectiva intercultural en el accionar del Poder Judicial”. También señaló que durante estos años las víctimas denunciaron situaciones de amedrentamiento, entre ellas la presencia de patrulleros frente a sus domicilios cuando debían concurrir a declarar.
Consultado sobre el significado jurídico de las vejaciones y su diferencia con la tortura, Gómez explicó que la calificación depende, entre otros elementos, de “la intensidad del sufrimiento que padecen las personas que son víctimas”.
Mencionó las condiciones en las que se producen los hechos, las lesiones, las secuelas y la eventual existencia de tortura psicológica.
Recordó además que los hechos fueron registrados por cámaras y que, según la investigación, los efectivos ingresaron al domicilio sin orden de allanamiento y continuaron los malos tratos durante el traslado y en la Comisaría Tercera. Sobre las posibles penas, indicó que “hay escalas que van desde el año a los 6 años”, aunque aclaró que dependerá del delito que determine el tribunal para cada imputado.
Por otra parte, Gómez se refirió a las jornadas regionales sobre privación de la libertad realizadas durante dos días, con participación de los superiores tribunales de justicia de las cuatro provincias del NEA, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y organismos provinciales.
Señaló que participaron más de 400 personas y que el intercambio permitió abordar información sobre el sistema penitenciario, los tiempos de encierro y las facultades de los mecanismos de prevención. “Nos permite interactuar, nos permite que se conozca el rol del organismo de control, que a veces uno cae como antipático porque a nadie le gusta ser controlado”, expresó.
Además, anticipó que en las próximas semanas habrá una nueva actividad para abordar, entre otros temas, los criterios de investigación y los delitos de desaparición forzada.
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