En diálogo con 7AM, el abogado penalista Pablo Vianello se refirió al caso de un hombre conocido en los medios como el “sátiro del aeropuerto”, quien fue detenido nuevamente tras cometer un nuevo abuso sexual, a pocos días de haber recuperado la libertad. La situación generó indignación y preocupación por la aparente reincidencia del agresor y por el bajo tiempo de cumplimiento de la condena anterior.
“Si es así como se informa, que hay antecedentes de reincidencia, deberíamos hacer una autocrítica desde el sistema judicial”, expresó Vianello. Según relató, esta persona había sido condenada en marzo de este año a un año de prisión efectiva por robo en concurso real con abuso sexual simple y fue liberada una semana antes del nuevo hecho delictivo.
“Un año parece irrisorio para alguien con estos antecedentes. Si es reincidente, la condena no debería ser la mínima, sino de la mitad para arriba de la escala penal”, remarcó el letrado. También señaló que probablemente se trató de un juicio abreviado, una modalidad legal pero que, en este caso, deja a la vista sus limitaciones.
Vianello analizó también el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, creado por ley en 2013. Comparó el sistema argentino con otros países como Estados Unidos o Reino Unido, donde se aplican tecnologías avanzadas como el control satelital o la publicación de datos de abusadores condenados, para advertir a la población.
“Eso sería lo ideal pero nuestra realidad es muy distinta. A veces no hay ni tobilleras electrónicas. Las vemos andar por la calle porque hay lista de espera para esos dispositivos. No es que el juez no quiere poner una tobillera; es que no hay”, describió con crudeza.
Vianello también apuntó a la falta de recursos en el sistema judicial: “a veces no hay combustible para hacer los informes ambientales, no hay móviles. Es una realidad que quienes operamos en la justicia conocemos bien”.
En cuanto al futuro del acusado, hoy detenido nuevamente tras un nuevo hecho de abuso, el abogado sostuvo: “aunque le den cinco, diez o quince años, en algún momento va a salir. No podemos impedir que salga, pero sí deberíamos poder controlarlo. Y para eso se necesita inversión en tecnología y en herramientas de seguimiento”.
Finalmente, el penalista advirtió que la situación no es un hecho aislado, sino un reflejo de una problemática estructural: “estos desfasajes nos terminan llevando siempre a las mismas discusiones. El sistema no está preparado para prevenir eficazmente ni para garantizar justicia real en casos tan graves como los delitos contra la integridad sexual”.
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