El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco, Raúl Abraham, calificó como positiva la reunión que mantuvo con autoridades del Ministerio de Infraestructura y de la Subsecretaría de Transporte provincial, en el marco de la crisis que atraviesa el sistema de transporte público de pasajeros. El dirigente señaló, en La Mañana de Natagalá, que existe predisposición oficial para buscar alternativas que permitan sostener el servicio, preservar los puestos de trabajo y mejorar las condiciones para los usuarios.
Tras el encuentro con el ministro Hugo Domínguez y funcionarios del área de Transporte, Abraham explicó que uno de los principales reclamos del sector apunta a la obtención de recursos económicos que permitan aliviar la situación de las empresas y garantizar la continuidad de las prestaciones. “Vi buena voluntad de parte de ellos. Esperemos que se cumpla”, sostuvo. No obstante, aclaró que el gremio aguardará definiciones concretas durante las próximas semanas.
El titular de UTA advirtió que las suspensiones de trabajadores ya no serán toleradas más allá de junio y anticipó que, si no aparecen soluciones, podrían retomarse las medidas de fuerza.
“A partir de julio, si no tenemos una respuesta positiva, lamentablemente vamos a comenzar a accionar gremialmente”, afirmó. Según explicó, la prioridad del sindicato es sostener el sistema para evitar despidos masivos en un contexto donde algunas empresas enfrentan serias dificultades económicas, como ocurre con TCM, que atraviesa un concurso preventivo de acreedores.
Abraham también expresó su preocupación por el deterioro del servicio y la pérdida de pasajeros, situación que atribuyó al aumento del boleto, la falta de unidades en circulación y el crecimiento de alternativas de movilidad. En ese sentido, consideró necesario implementar mecanismos de asistencia que permitan mantener una tarifa accesible y mejorar las frecuencias.
“La gente no tiene para comer, menos va a tener para ir en colectivo”, señaló, al tiempo que reclamó acciones conjuntas entre el Estado, las empresas y los trabajadores para evitar el colapso del transporte público en el área metropolitana.
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